Portugal, país que preside el Consejo de la UE este semestre, quiere lograr un acuerdo sobre este dossier cuanto antes y para facilitarlo ha hecho coincidir una reunión de ministros europeos de Agricultura (26 y 27 de mayo), con un encuentro de dos días entre los negociadores de las instituciones comunitarias.
La maratón empezó este martes con el llamado «super trílogo», que se prolongará hasta el miércoles, para tratar de acercar posiciones entre los países y el Parlamento sobre los puntos más conflictivos de los tres reglamentos de la PAC: el de los Planes Estratégicos nacionales, el llamado «horizontal» (que regulará la financiación) y el relativo a la Organización Común de Mercados (OCM).
A su vez, el Consejo de ministros de Agricultura se reunirá en Bruselas este miércoles y jueves.
«El presupuesto (de la PAC) fue acordado el pasado diciembre (…) y ahora tenemos que decidir a qué elementos será destinado ese dinero. En la Eurocámara somos los más ambiciosos cuando se trata de hacer una agricultura más verde y más justa», dijo este lunes 25 al inicio de la reunión el eurodiputado Norbert Lins (PPE), presidente de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la Eurocámara ante la negociación de la reforma de la PAC.
PORCENTAJE DE LOS ECOESQUEMAS
Uno de los elementos en los que discrepan las instituciones es la «arquitectura verde» y en particular los llamados «ecoesquemas», un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.
Aunque el acuerdo inicial del Consejo (países de la UE) preveía destinar un 20% de los pagos directos a los ecoesquemas, el Parlamento Europeo es partidario de aumentar ese porcentaje al 30%.
Para llegar a un compromiso, Portugal, que preside este semestre el Consejo de la UE, ha propuesto un enfoque «gradual», consistente en comenzar en 2023 y 2024 destinando un 23% de esos pagos y aumentar los tres años siguientes al 25%.
CONDICIONALIDAD SOCIAL
Otro de los asuntos sobre los que no hay acuerdo en la negociación de la reforma de la PAC, introducido por el Parlamento Europeo, es la idea de excluir de las ayudas agrícolas a las explotaciones que no respeten los derechos laborales de los temporeros.
El Consejo ve complicado aplicar en la práctica la llamada «condicionalidad social», dado que cada país tiene su propia normativa laboral y que, en su opinión, estos cambios implicarían un aumento de la burocracia.
En su lugar, es partidario de «trabajar en un sistema de asesoramiento» sobre las explotaciones, indicaron fuentes europeas.
El Parlamento quiere, por su parte, normas claras e incluso la posibilidad de aplicar sanciones.
REDISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS
Las instituciones no se ponen de acuerdo sobre la fórmula a seguir para facilitar un reparto de las ayudas más justo.
Se barajan desde cambios en la definición de la figura del «agricultor activo» o genuino, a destinar un porcentaje de las ayudas agrarias que recibe cada país a las pequeñas explotaciones (el Parlamento Europeo es partidario de que al menos el 12 % de las subvenciones vaya a los pequeños agricultores, mientras que el Consejo habla del 7 %).
Los eurodiputados defienden asimismo limitar los pagos directos a las grandes explotaciones a un máximo de 100.000 euros anuales.
RESERVA DE CRISIS
La Eurocámara también pide en la negociación de la reforma de la PAC modificaciones en un instrumento que, según creen los eurodiputados, no ha funcionado cuando ha hecho falta, mientras que el Consejo considera que no tiene sentido reabrir algo ya acordado y sobre lo que el PE no tiene competencias.
La futura PAC 2021-2027, que se empezará a aplicar en 2023, contará con un presupuesto de 47.724 millones de euros.
Hay un periodo transitorio, 2021 y 2022, durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, si bien con las reglas de la anterior PAC.
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